Recepción de Proyecto de Saneamiento en Huánuco Revela Deficiencias a Abordar

La Contraloría General de la República ha confirmado la existencia de irregularidades significativas en un proyecto de instalación de agua potable y alcantarillado destinado al centro poblado Santo Domingo de Nauyan, llevado a cabo entre agosto y diciembre de 2022 con una inversión total de S/ 2.1 millones. Según el Informe de Control Específico n.° 085-2023-2-0401-SCE, las deficiencias detectadas en la ejecución de este proyecto han resultado en un perjuicio económico estimado de S/ 278 mil.

A pesar de la existencia de estas irregularidades, la Municipalidad Provincial de Huánuco, liderada por el alcalde José Luis Villavicencio Guardia, procedió a recepcionar y liquidar la obra sin realizar ninguna observación formal. Esto ha levantado preocupaciones sobre la supervisión y la debida diligencia en la gestión municipal, ya que la obra fue aceptada sin tener en cuenta los problemas evidentes señalados por la Contraloría.

El proyecto en cuestión, que tenía como objetivo mejorar las condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento en la mencionada localidad, inició en agosto de 2022 y concluyó en diciembre del mismo año. No obstante, el proceso de recepción y liquidación ha sido objeto de críticas debido a las discrepancias entre lo planeado y lo ejecutado.

Entre las irregularidades señaladas en el informe, se destaca la falta de instalación de varios tramos de las redes de agua potable, así como la utilización de mangueras expuestas a la intemperie en algunas viviendas, en contravención de los planos del expediente técnico. A pesar de estas desviaciones, los trabajos fueron valorizados y aprobados para el pago, evidenciando una falta de supervisión adecuada.

Otras inconsistencias notables incluyen la instalación de tuberías de menor diámetro y a profundidades inadecuadas, incumpliendo las especificaciones del expediente técnico. Además, los lavaderos domiciliarios presentaron deficiencias en cuanto a dimensiones y características constructivas, lo que no fue correctamente señalado en el proceso de valorización y aceptación de la obra.

En consecuencia, la Contraloría ha identificado responsabilidad penal y administrativa en tres servidores públicos involucrados en el proyecto. La recomendación de iniciar acciones penales y administrativas contra estos funcionarios ha sido dirigida a la Procuraduría Pública, subrayando la necesidad de sanciones proporcionadas a los hechos irregulares identificados.

Este caso no solo pone de manifiesto las deficiencias en la ejecución de proyectos de infraestructura, sino que también subraya la importancia de una supervisión y fiscalización adecuadas por parte de las entidades responsables, a fin de garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y evitar perjuicios económicos significativos.

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