Legislador Jorge Montoya solicita a la Junta Nacional de Justicia investigar a Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.
El vocero de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, le pidió a la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) que inicie un proceso de investigación contra los exfiscales de la Nación Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena por no haber indagado, en su momento, las denuncias hechas en 2019 contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Obrainsa, lo que ha generado que varios de los delitos presuntamente cometidos por el exmandatario hayan prescrito.
La denuncia a la que se refiere el congresista Montoya es la efectuada en 2019 por la entonces legisladora Yeni Vilcatoma, relacionada con la ilícita obtención de otorgamientos de buena pro por parte de la empresa Obrainsa durante la gestión de Martín Vizcarra como ministro de Transportes y Comunicaciones, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
“Solicito que la Junta Nacional de Justicia inicie una investigación sobre las actuaciones de los fiscales supremos mencionados, en particular por la negligencia y dilación en la tramitación de la denuncia presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma de la Cruz. En caso de comprobarse las faltas cometidas, solicito que se aplique la sanción disciplinaria de destitución, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley N° 30483 – Ley de la Carrera Fiscal, debido a la falta muy grave cometida por los fiscales responsables”, señala el documento enviado a la Presidencia de la Junta Nacional de Justicia.
El parlamentario hizo el pedido en su calidad de congresista delegado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la denuncia constitucional N° 499-2021-2026, de fecha 27 de junio de 2024, por inconducta funcional muy grave en contra de los fiscales supremos que desempeñaron el cargo de fiscal de la Nación durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2019 y el 27 de junio de 2024.
El parlamentario se refirió a Zoraida Ávalos (8 de enero de 2019 al 30 de marzo de 2022); a Pablo Sánchez, quien tuvo dos gestiones al frente de la Fiscalía de la Nación (2022 y 2023); a Patricia Benavides (del 20 de junio de 2022 al 7 de diciembre de 2023); y a Juan Carlos Villena (11 de diciembre de 2023 al 8 de noviembre de 2024).
Incumplimiento
En su petitorio, Montoya asegura que los fiscales supremos responsables de la tramitación de esta denuncia han incurrido en faltas muy graves, contraviniendo la Ley de la Carrera Fiscal, Ley 30483.
“Esta denuncia está basada en la presunta infracción muy grave por parte de estos fiscales en relación con el ejercicio de sus funciones, contraviniendo lo establecido en la Ley N.° 30483 – Ley de la Carrera Fiscal, especialmente en sus artículos 33, 46 y 47”, señala en su petitorio.
Cabe mencionar que el artículo 47 de la referida ley indica como falta muy grave, la omisión que comprometa gravemente los deberes del cargo de fiscal.
“La inacción y los plazos dilatados en la tramitación del caso constituyen una clara vulneración de los deberes establecidos por la Ley de la Carrera Fiscal y socavan la confianza pública en la justicia”, precisa el legislador.
Los hechos
El pasado 30 de enero del 2019, la entonces legisladora Yeni Vilcatoma de la Cruz, presentó una denuncia penal contra Martín Vizcarra Cornejo, en su calidad de presidente de la República, por la presunta comisión de del delito de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos, en agravio del Estado.
Esta denuncia fue ampliada el 27 de febrero de 2019, para incluir el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Demora
La denuncia penal presentada por Vilcatoma de la Cruz fue recibida en la Fiscalía de la Nación el 30 de enero del 2019, pero recién el 4 de enero del 2021, bajo la gestión de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, se dispuso recabar información relacionada con la obtención ilícita de otorgamientos de buena pro por parte de la empresa Obrainsa durante la gestión de Martín Vizcarra como ministro de Transportes y Comunicaciones.
“Este lapso de casi dos años sin acción alguna evidencia una grave negligencia”, indica Montoya en el pedido a la nueva Junta Nacional de Justicia.
Prescripción
El congresista añade que un año y dos meses después, el 25 de marzo de 2022, se dispuso el inicio de las diligencias preliminares contra Martín Vizcarra, “lo que constituye una falta de diligencia inexplicable en la tramitación de la denuncia, afectando gravemente la persecución del caso”.
La dilación de más de cinco años en la tramitación de la denuncia penal, por un total de más de 1,975 días (cinco años cuatro meses y 28 días), compromete seriamente la posibilidad de que se logre una sanción penal efectiva, señala Montoya
“Este retraso ha permitido que se acerque la prescripción de los delitos denunciados, lo que genera un riesgo de impunidad”, indica Montoya.
Es necesario precisar que de acuerdo al artículo 80 del Código Penal, la acción penal prescribe en función del máximo de la pena fijada para el delito. En el caso del delito de falsedad genérica, la pena máxima es de 4 años.
“Siendo que los hechos fueron cometidos en enero del 2019, significa que la acción penal prescribe en enero de 2025”, detalla.
Sin embargo, en el caso del delito de omisión de consignar declaraciones en documentos, la pena máxima es de seis (6) años.
“En este caso los hechos fueron cometidos en octubre del 2018, lo que indica que la prescripción se produciría en octubre del 2027”, precisa.
En el documento, Montoya añade que “la lentitud en la tramitación de las denuncias a nivel del Fiscal de la Nación son fuente de impunidad y velado encubrimiento, dada la presunta afinidad política existente entre determinados personajes que desempeñaron el más alto cargo en la Fiscalía de la Nación y el denunciado exmandatario Martín Alberto Vizcarra Cornejo”.
“De esta forma, se coloca al Congreso de la República en la difícil situación de no contar con el tiempo suficiente para el trámite parlamentario de antejuicio político en el caso concreto, por la inminencia de la prescripción de uno de los delitos imputados al denunciado, existiendo el grave riesgo de atribuir dicha responsabilidad a este órgano del Poder Legislativo”, indica Montoya en su solicitud a la Junta Nacional de Justicia.
Destitución
Consultado por EXPRESO sobre las consecuencias del pedido hecho a la JNJ, el legislador Jorge Montoya dijo esperar que dicho órgano judicial cumpla su función y destituya a los fiscales que no efectuaron la denuncia contra Martín Vizcarra.
“Yo espero que los sancionen con la destitución. Son personas que están trabajando mal, tienen un alto poder y no lo han sabido emplear o lo emplean de mala manera; por eso, este tipo de situaciones tiene que cortarse. No puede haber impunidad en la aplicación de la justicia, ni tampoco encubrimiento, ni tratar de ayudar a un posible delincuente”, afirmó.
Subrayó que fue la hoy fiscal suprema Zoraida Ávalos la primera fiscal de la Nación que retrasó la tramitación de la denuncia hecha por Yeni Vilcatoma, ya que la tuvo dos años encarpetada.
El parlamentario confió en que los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia admitan su pedido.
“La Junta Nacional de Justicia ha cambiado de integrantes. Ha habido un relevo de integrantes y esperemos que estos señores actúen de acuerdo con la ley. Si cada uno cumple la ley como corresponde, no deberíamos tener ningún problema. El problema se genera cuando algunos creen que tienen que hacer la ley a su gusto, y cuando lo hacen a su gusto vienen los problemas”, consideró.
Sobre el procedimiento que efectuará la JNJ respecto a su petitorio, señaló que primero deberá declararlo admisible, luego de lo cual vendrá una investigación y, finalmente, deberá concluir en una sanción, que debería ser la destitución como fiscales.
Fiscales blindaron a Martín Vizcarra
La denunciante y excongresista Yeni Vilcatoma dijo a EXPRESO que ha quedado evidenciado que, desde la Fiscalía de la Nación, se blindó al expresidente Martín Vizcarra Cornejo.
“Esta queja que se ha interpuesto ante la Junta Nacional de Justicia contra los fiscales supremos que ejercieron el cargo de fiscales de la Nación tiene asidero, porque ha quedado evidenciado que, desde la Fiscalía de la Nación, se blindó a Martín Vizcarra. Vemos cómo la inacción de estos fiscales supremos, por proteger a Martín Vizcarra, ha hecho que ahora quede en nada, porque habría operado la prescripción”, afirmó Vilcatoma.
La parlamentaria recordó que, el 30 de enero de 2019, interpuso una denuncia contra Martín Vizcarra por omisión de declaración de información, falsedad y negociación incompatible, debido a que, cuando ejerció el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, embajador y presidente de la República, Vizcarra continuó ejerciendo el cargo de gerente de operaciones de la empresa CyM Vizcarra.
“En esa denuncia, yo he presentado documentación objetiva de fecha cierta, que constituye medios de prueba irrefutables para que el Ministerio Público pudiera realizar algunas indagaciones más y, a la fecha, incluso estar a un nivel de juicio oral o hasta de sentencia, si es que hubieran actuado con la debida diligencia”, aseguró la jurista.
Acto doloso
El hecho de que el expresidente haya seguido con sus actividades empresariales pese a tener cargos públicos constituyó un acto doloso que se hizo con toda intención, indicó Vilcatoma.
“Este hecho no fue un descuido, no fue objeto de una negligencia; eso fue doloso, porque siendo él (Vizcarra) gerente de operaciones de la empresa CyM Vizcarra, ha tenido beneficios con una serie de empresas privadas que son las que, en esa misma etapa, han contratado con el Estado”, detalló.
Vilcatoma indicó que, en ese momento, la excusa que daba tanto Martín Vizcarra como su hermano César Vizcarra, cofundador de la empresa, fue que ellos no contrataban con el Estado.
“La justificación que daban en ese momento, para tapar sus actos de corrupción, era que CyM Vizcarra no contrataba con el Estado, pero sí contrataba con las empresas que contrataban con Vizcarra”, aseguró la exparlamentaria.
Sin justificación
Yeni Vilcatoma añadió que los fiscales supremos mencionados por el legislador Jorge Montoya no tienen justificación que valga por no haber efectuado las investigaciones correspondientes, ya que Vizcarra vulneró abiertamente la Constitución.
“Incluso pedí que se le investigue por colusión y por negociación incompatible porque, por ejemplo, Obrainsa había ganado una serie de contratos en el gobierno de Martín Vizcarra, y era mucho más grave todavía porque, al inicio del gobierno, fue ministro de Transportes y Comunicaciones y, a la vez, tenía el cargo de gerente de operaciones (de la empresa familiar). Entonces, ¿cuántos negocios con empresas se han dado pese a que la Constitución lo prohíbe? Es un caso totalmente escandaloso. Los fiscales de la Nación no tienen justificación”, sostuvo la exparlamentaria.
