La acusación constitucional contra Vizcarra es por el caso Vacunagate y la que pesa contra Sagasti busca inhabilitarlo 10 años. En cambio, el Congreso blindará a la congresista Amuruz.
El Congreso continúa con la persecución de sus opositores. Este miércoles, la Comisión Permanente llevará a cabo la votación sobre las denuncias constitucionales presentadas contra los exmandatarios Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
El Congreso no detiene la cacería de brujas contra sus adversarios. Este miércoles la Comisión Permanente votará las denuncias constitucionales contra los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
De aprobarse – que es lo más probable – solo faltará que el Pleno del Congreso ratifique la decisión tomada por la Comisión Permanente.
Congreso contra Martín Vizcarra
En el caso de Martín Vizcarra, se trata de un informe final que le imputa el presunto delito de organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
El informe final se sostiene en dos denuncias constitucionales presentadas por la excongresista de Podemos Perú, María Teresa Cabrera, quien ahora es la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y por el exparlamentario de Unión por el Perú (UPP), Rubén Ramos Zapana, actual secretario nacional del partido político A.N.T.A.U.R.O.
Las imputaciones giran sobre el caso Vacunagate. El exmandatario es señalado de haberse vacunado de manera irregular con dosis de Sinopharm durante la pandemia de la COVID-19.
Cabe precisar que Vizcarra ya fue inhabilitado 10 años de la función pública por este caso, a través de un juicio político. Lo que busca el Congreso con las acusaciones de Teresa y Zapana es que también sea sometido a investigaciones en el Ministerio Público.
Francisco Sagasti en la mira
La Comisión Permanente también tiene contemplado votar el informe final que recomienda inhabilitar 10 años de la función pública al expresidente Francisco Sagasti y a sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Élice.
Se trata de una denuncia constitucional presentada por los congresistas Juan Burgos y José Cueto porque supuestamente estos exaltos funcionarios pasaron al retiro, de manera irregular, a altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre del 2020.
Blindaje en marcha para Rosselli Amuruz
Mientras la Comisión Permanente avanza con estas acusaciones constitucionales, también blinda a sus aliados. La comisión dará cuenta este miércoles de un informe de calificación que protege a la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz.
El fiscal supremo Juan Villena presentó en julio del año pasado una denuncia constitucional contra la legisladora por presunta negociación incompatible debido a las contrataciones supuestamente irregulares de allegados a su pareja, el excongresista Paul García.
En noviembre del año pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza Para el Progreso, María Acuña, decidió declarar improcedente la denuncia constitucional.
Así se comporta el Congreso, para sus adversarios la cacería, para sus aliados la protección.
