Directora de Provías Nacional responde por caso contrato «exprés»
La directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, rechazó que su institución haya gestionado un proceso de contratación «exprés» o direccionado por más de S/ 260 millones para el mantenimiento del corredor vial que conecta las localidades de Kimbiri, Quillabamba y el Puente Hidroeléctrica Machu Picchu, en la región Cusco.
En una entrevista exclusiva con Canal N, la funcionaria salió al frente tras el reportaje difundido por el programa dominical Cuarto Poder y la posterior apertura de una investigación preliminar en el Ministerio Público.
Dávila dijo que no se trata de una licitación improvisada ni célere, sino de un concurso público internacional que viene arrastrándose con caídas y postergaciones desde el año 2023. Explicó que las evaluaciones técnico-administrativas del actual proceso se iniciaron formalmente en marzo de 2025 y que las decisiones de descalificación respondieron estrictamente a criterios legales del comité de selección y el área usuaria, mas no a directivas de su despacho.
Consorcio Santa Teresa perdió la buena pro por fallas técnicas
Respecto al consorcio Corredor Vial Santa Teresa —postor que inicialmente ganó la buena pro con una oferta de S/ 257 millones y que hoy denuncia un presunto favorecimiento a su competidor—, la directora de Provías Nacional precisó que la empresa incurrió en causales de descalificación automática durante la etapa de perfeccionamiento del contrato.
«El consorcio Santa Teresa presentó una mala estructuración de su estructura (sic) de costos. El área usuaria, que no es la oficina de administración ni la dirección ejecutiva, observó estos componentes y emitió un informe técnico determinando que las observaciones eran totalmente insubsanables. Al perder la buena pro por su propia responsabilidad, el orden de prelación legal obligaba a avanzar con el segundo postor, que era el consorcio KABSA», argumentó la funcionaria.
Dávila cuestionó severamente que, en lugar de apelar administrativamente ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (OSCE), el consorcio afectado haya recurrido al Poder Judicial para frenar el concurso.
«Lo que debería llamar poderosamente la atención de la opinión pública y de la fiscalía es cómo un juez constitucional emite una acción de amparo en tiempo récord a favor de un consorcio que no cumplió con las bases. Estamos plagados de ‘empresas cascarón’ que maquillan expedientes con documentación falsa y que usan medidas judiciales ‘exprés’ de forma tendenciosa para tumbarse los proyectos del Estado», denunció.
