Lea la denuncia penal contra Boluarte, Benavides, Checkley y otros por conspiración para la rebelión en agravio de Castillo
El último 25 de mayo, el abogado Rubén Quispe Ventura presentó una denuncia penal contra funcionarios y exfuncionarios del Estado. El documento imputa la presunta comisión de los delitos de conspiración para la rebelión, rebelión, secuestro agravado, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, prevaricato, avocamiento ilegal de causa pendiente y usurpación de funciones. Los hechos señalados habrían vulnerado el sistema democrático, el orden constitucional y a José Pedro Castillo Terrones.
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La acción penal involucra a la ex vicepresidenta Dina Boluarte, la ex fiscal de la nación Patricia Benavides, congresistas, excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y a Keiko Fujimori como presunta instigadora. El denunciante postula la existencia de un plan dividido en tres etapas. Para ello, solicita investigar «la existencia de un aparato organizado de poder enquistado en las altas esferas del Estado que ha quebrado de facto la legalidad constitucional».
La primera etapa aborda los actos preparatorios ocurridos entre abril y noviembre de 2022. El texto sostiene que operó un «acuerdo de voluntades (pactum sceleris) entre la facción política parlamentaria […] y el subsistema del Ministerio Público» para lograr la remoción del exmandatario. Asimismo, se describe la impartición de directivas por parte de dirigentes políticos para determinar las decisiones de sus bloques representativos.
La fase de ejecución se centra en los sucesos del 7 de diciembre de 2022. Según el escrito, a las 13:20 horas, el vehículo presidencial fue interceptado en la vía pública por efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT). El accionar de los agentes policiales se califica como una privación de libertad materializada sin orden judicial escrita ni situación de flagrancia respecto a un dignatario con inmunidad.
