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PROVEEDORES EXIGEN A SERMUL DEJAR LAS EXCUSAS Y PAGAR LAS DEUDAS QUE TIENEN A MÁS DE 20 EMPRESARIOS PASQUEÑOS

La paciencia de los proveedores de la Empresa de Servicios Múltiples San Juan de Milpo (SERMUL) parece haber llegado a su límite. Mientras decenas de pequeños empresarios esperan el pago de servicios prestados, una unidad móvil de la empresa permanece retenida en un taller mecánico debido a una deuda superior a los S/ 170 mil soles, situación que refleja la creciente tensión entre la entidad y sus acreedores.
Según denuncian los afectados, las obligaciones pendientes superarían los S/ 2 millones y comprometerían a más de 20 proveedores, muchos de ellos emprendedores y familias que confiaron en la palabra de la empresa y que hoy enfrentan serias dificultades económicas por la falta de pago.
Lo que más preocupación genera es que, en lugar de anunciar un cronograma claro para honrar las deudas, la controversia parece centrarse en cuestionamientos documentarios y advertencias legales. Los proveedores sostienen que cuentan con contratos y documentación que respaldan sus reclamos, mientras exigen que cualquier diferencia sea resuelta con transparencia y dentro del marco legal.
Los afectados cuestionan además que una empresa que habría ejecutado proyectos millonarios siga manteniendo cuentas pendientes con pequeños empresarios de la zona. “Cuando se trata de contratar servicios todo es urgente, pero cuando llega el momento de pagar aparecen las observaciones, las dudas y las postergaciones”, señalan algunos acreedores, reflejando el malestar existente.
Los 326 socios de la comunidad San Juan de Milpo deben exigir explicaciones claras a los anteriores y actuales directivos para dar una solución inmediata a los reclamos. Los proveedores recuerdan que detrás de cada factura impaga existen trabajadores, familias y negocios locales que no pueden seguir financiando indefinidamente las obligaciones de una empresa que tiene la responsabilidad de cumplir con sus compromisos.
La población espera que prevalezca la responsabilidad institucional y que las deudas legítimamente acreditadas sean atendidas sin más dilaciones, porque la confianza se construye cumpliendo los contratos y no trasladando el costo de la gestión a quienes prestaron sus servicios de buena fe

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